Desde hace mucho tiempo, un tema recurrente de conversación en cuanto se reúnen más de dos profesionales sanitarios es el mal uso, más bien abuso, del sistema sanitario por parte de la población. Tras la anécdota de ese momento que refleja un caso más del atropello sentido por éstos, comienza la narración individual de casos parecidos, que no vienen sino a aumentar y ratificar la tesis inicial, así como el profundo malestar de los conversantes. Tras la serie de casos, comienza un estudio transversal descriptivo que mide a la vez la prevalencia estimada de la injusticia en la muestra poblacional de ese momento temporal y el cansancio dedicado a tan infames consultas. En este momento los sesgos son importantes y la incidencia se infla según el estado de exaltación profesional del disertante, sin que ninguno de los oyentes esté dispuesto a realizar una lectura crítica y cayendo en una orgía de errores de atribución. No están dispuestos a llevar a cabo un estudio de abusadores y controles, entre otras cosas porque no sabrían aparearlos de acuerdo a unas variables características; tampoco un estudio de cohortes, ya que la irritación contenida les impide hacer un seguimiento adecuado.

Sin ganas ni tiempo de hacer un ensayo clínico controlado que demuestre la eficacia de las intervenciones que proponen para acabar con el mal, se lanzan a desgranarlas sin un mínimo nivel de evidencia que las avale. Desde el copago disuasorio a los pellizcos de monja, pasando por la apelación al sentido cívico de defensa de la sanidad de todos. Ninguna intervención parece lo suficientemente sólida como para pasar el cribado con aceptables intervalos de confianza. Es que la muestra, a base de recolectar casos anecdóticos, sigue siendo muy pequeña. Las conclusiones se agotan por inexistentes, y sólo queda un rescoldo de recomendación que se avivará con un nuevo caso.

La esperanza 2.0 y en el Big Data se trastoca, sirve para magnificar la muestra, pero no aporta ninguna certidumbre y, sobre todo, nada que solucione el asunto. Aunque a estas alturas ya no sabemos muy bien si el problema es el mal uso de los servicios sanitarios o las elucubraciones y «estudios» que los médicos hacen a partir de éste.

La Administración, como siempre, piensa que no es posible hacer aseveraciones firmes acerca de la incidencia de estos eventos adversos y que, en términos de costes y efectividad, es mucho más rentable seguir la táctica del avestruz.