Los médicos de AP demandan una financiación adecuada, suficiente y equitativa para hacer frente a los retos del primer nivel asistencial con eficiencia y garantía. En el documento se propone un avance del 0,1% sobre el PIB en el presupuesto sanitario público entre los años 2017 y 2025 y dentro de éste un avance del 0,3% anual en la participación de AP hasta llegar hasta el 17,3% del presupuesto sanitario público en 2025, que equivaldría al 1,19% del PIB.

Recursos humanos
Para mantener una atención sanitaria de calidad, además de financiación se reclaman plantillas suficientes para una asistencia sin demoras, puesto que los médicos de atención primaria vienen manifestando desde hace tiempo sentirse al límite.

Para conseguir que los cupos máximos no superen los 1.450 ciudadanos adscritos, se calcula que es necesario un incremento de las plantillas de más de 2.200 médicos de familia, lo que supone una inversión de algo más de 100 millones de euros anuales. En este sentido, se considera imprescindible la inversión económica para fomentar la contratación de médicos de familia que formen plantillas estables, para lo cual se insta a la convocatoria periódica de concursos-oposición para la consolidación de plazas.

En línea con lo anterior, la progresiva feminización de la AP debería servir de incentivo para lograr una mejora en las condiciones laborales de los médicos de familia, disminuir la precariedad laboral, la inestabilidad en los contratos y la posibilidad de la conciliación familiar.

El Grupo de Atención Primaria de la OMC considera necesario, además, que se tienda a la flexibilización de los horarios laborales, especialmente en aquellas CC.AA. en las que existen turnos de tarde hasta las 21 h, que habitualmente son ocupados por los médicos más jóvenes, que son los que tienen mayor necesidad de conciliar.

Un apartado del documento que los profesionales consideran clave es el dedicado a gestión clínica, partiendo de que las actuales formas de dirigir la atención primaria con presuntos modelos de Unidades de Gestión Clínica, han demostrado su inefectividad y no son valorados por los profesionales. Así, en el documento AP25 se propone la búsqueda de otro modelo diferente e innovador que potencie las capacidades de microgestión de los profesionales y la de auto-organización real y sujeta a la periódica rendición de cuentas.

Eje de la atención al paciente
Se considera que el Sistema Nacional de Salud debe apostar por una estrategia de cronicidad dirigida por el médico y la enfermera de Atención Primaria, dotándoles de medios necesarios, así como establecer un sistema de actuación conjunta entre los dos niveles asistenciales para coordinar la asistencia del paciente frágil y pluripatológico.

Por otra parte, se apuesta por de “un rearme ético” del médico de AP, valorando la verdadera necesidad de pruebas y tratamientos, con el apoyo del Código de Deontología Médica, de la Medicina Basada en la Evidencia y de un Paciente Informado con capacidad para decidir.

Los profesionales ven imposible desde la Atención Primaria “detener la ola masiva de medicalización” que está afectando a la sociedad actual, pero consideran que “sería indigno no desarrollar acciones en los escenarios clínicos para minimizar su impacto o cuanto menos no agravarlo”. Asimismo, consideran preciso fomentar alianzas con los poderes públicos para reducir la exposición a este tipo de factores perjudiciales para la salud de la población.

Para hacer frente a esta situación también se propone invertir en mejorar los determinantes de la salud sin que ello suponga retirar recursos al sistema de asistencia. Ello se puede lograr mediante medidas destinadas a la promoción y prevención de la salud.

Historia clínica unificada
Otro elemento a destacar del documento es la insistencia en que la historia clínica electrónica (HCE) debe ser única para Atención Primaria y Hospitalaria, la misma en todas las CC.AA. y gestionada por el paciente y su médico de familia y ser accesible de manera global, siempre bajo el consentimiento explícito del paciente.

En cuanto a la formación del médico, se remarca la necesidad de que la asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) sea obligatoria en todas las Universidades. Para ello, deben crearse departamentos de esta especialidad en todas las Facultades de Medicina y que estén integrados por estos especialistas.

También se contempla el proceso de Validación Periódica de la Colegiación y Recertificación (VPC-R), comprensible y voluntario, que reúna unos requisitos mínimos, con carácter periódico cada seis años, que no sea punitivo, con un peso significativo en la práctica clínica y asimilable a procesos internacionalmente reconocidos.

Finalmente, la investigación en AP se considera imprescindible, para lo cual se demanda tiempo específico que pueda adaptarse a las agendas de los profesionales así como establecer dotaciones presupuestarias concretas e independientes.