A diferencia de otros países del entorno, en España no existe un criterio unánime aprobado por ninguna institución u organismo que establezca cuándo una intervención sanitaria es eficiente y que permita evaluar cuándo un medicamento es coste-efectivo, señalan desde la Fundación ECO.

A través de este estudio, la Fundación ECO ha analizado, por primera vez entre oncólogos, el coste del tratamiento y su relación con aspectos como la calidad de vida que se dispensa al paciente. Para los especialistas encuestados por ECO, el ratio de coste/supervivencia debe ser muy superior al sesgo impuesto por entidades reguladoras más restrictivas en este aspecto. Según el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) se considera que la relación coste-efectividad para un uso eficiente de los recursos sanitarios está alrededor de las 30.000 libras (37.500 euros aproximadamente) por cada año de vida ganado ajustado a calidad. En España, un 68,8% de los oncólogos encuestados considera razonable un coste por año de vida ganado de entre 30.000 y 100.000 euros, mientras que un 22% cree conveniente gastar hasta 150.000 euros.

Evitar desigualdades
Según datos del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario público en España representaba el 6,2% del PIB en 2012, 64.150 millones de euros que suponían un gasto de 1.357 euros per cápita, un 5% menos que el año anterior y un 9% menos que en 2009 en términos globales. A pesar de que las previsiones apuntan a una tendencia mundial que triplicará el gasto sanitario en 2020, lo cierto es que en España se vive desde 2009 una tendencia decreciente en esta partida.

En distintas ocasiones los oncólogos ya han mostrado su preocupación porque esa desaceleración del gasto farmacéutico pueda llegar a afectar al acceso a tratamientos oncológicos efectivos y provocar desigualdades. De hecho, una de las principales conclusiones que se desprende del estudio de ECO es la necesidad de alcanzar acuerdos nacionales sobre coste-efectividad que regulen el gasto de los tratamientos oncológicos en todos los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una solución que ya están adoptando otros países donde sí existen plataformas que miden los criterios reguladores coste-efectividad que deben tener los fármacos para que se destinen al sistema sanitario. En España, según se afirma desde la Fundación ECO, se precisa alcanzar un acuerdo común en la determinación de los parámetros que deben regular si el SNS debe asumir el coste de ese fármaco porque es realmente efectivo para sus enfermos. Para los expertos de la Fundación, estos acuerdos evitarían que las decisiones de compra recaigan en cada comunidad autónoma o, en muchos casos, en la propia dirección del hospital.