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Todo va bien

2015 va a ser un año complicado en España, entre otras cuestiones por una notable profusión de elecciones: Andalucía, municipales, Cataluña, generales… Como bien saben los veteranos servidores públicos, en época de elecciones el mensaje tradicional que se recibe es diáfano: «Quietos. No hagáis nada». Ninguna decisión, ningún cambio. Nada que pueda enturbiar la campaña, facilitar munición a los rivales políticos. Me pregunto si este año se va a repetir esta cantinela.

Espero que durante la campaña electoral e incluso antes los partidos políticos, los viejos y los nuevos, den a conocer lo que quieren hacer para mejorar el sistema de salud. Los partidos tradicionales supongo que aprovecharán la ocasión para explicar lo que han hecho, lo que les ha quedado pendiente y lo que no han podido llevar a cabo. Sería de agradecer una explicación veraz y comprensible de las dificultades y resistencias que han encontrado para impulsar sus proyectos. Los partidos nuevos confío que aprovechen esta oportunidad para explicar su programa alejado de lugares comunes.

Será una sorpresa si la cuestión sanitaria que surja en los debates políticos no se limita a la habitual y hueca defensa del sistema sanitario público, y se aprovecha la ocasión para dirigirse a ciudadanos y contribuyentes adultos para explicarles los cambios que se quieren impulsar y, sobre todo, cómo se van a implantar. Albergo pocas esperanzas, porque hasta el momento lo que unos y otros han sido capaces de articular se ha limitado a una cerrada defensa del sistema sanitario y sus bondades, sin entrar en su excesiva burocratización, su ineficiencia o su colonización política, y en el que el esfuerzo de la mayoría, la excelencia de unos cuantos, no son reconocidos y quedan diluidos y difuminados entre la desidia de unos pocos. Por si pudiera suscitarse alguna duda sobre la voluntad de firme defensa del sistema público de nuestros políticos, los gobiernos de distintas comunidades se aprestan a cancelar experiencias de colaboración público-privado o renuncian a introducir cambios esperados durante años en hospitales y centros de salud.

Convendría que nuestros representantes actuales y futuros fueran un poco más precisos y menos ambiguos. Porque el mayor problema que afronta el sistema sanitario español es el de su viabilidad y sostenibilidad. Lisa y llanamente, no tenemos suficiente dinero para financiar los servicios sanitarios y difícilmente cabe esperar que esta situación mejore en los próximos años si no se toma alguna decisión. La monumental deuda española, que habrá que ir devolviendo, hace difícil imaginar que la esperada mejora de la economía española repercuta en un incremento de los recursos económicos destinados a sanidad. Las dificultades enormes para financiar nuevos tratamientos, como recientemente ha ocurrido con la hepatitis C, se van a reproducir en el futuro inmediato. ¿Cómo se van a incorporar las innovaciones diagnósticas y terapéuticas que irán apareciendo? ¿Con qué criterio? ¿Cómo se va a atender a una población cada vez más envejecida, con una mayor incidencia de enfermedades crónicas y más consumidores de recursos sanitarios?

Que nuestro sistema de salud haya conseguido llegar hasta aquí tiene su mérito, al que no son ajenos los bajos niveles retributivos de médicos y enfermeras, muy alejados de los salarios de los profesionales de buena parte de los países de la Unión Europea, o los más que considerables retrasos en el pago a los proveedores.

La defensa del sistema de salud público pasa por definir quién tiene derecho a acceder al sistema de salud, qué prestaciones sanitarias garantiza el Estado y cuál es la cobertura económica de éstas. Nadie parece dispuesto a debatir sobre ello ni a esforzarse en que los ciudadanos, que valoran mucho el sistema de salud, comprendan la imposibilidad de mantenerlo a no ser que se destine un dinero que no existe o se aborden algunas transformaciones tanto en los derechos garantizados como en las instituciones que los prestan.

El sistema de salud supone alrededor del 40% del gasto público de las comunidades autónomas. Es la partida económica más importante que manejan. Algo menos de 70.000 millones en el conjunto del Estado. Pero esta relevancia económica no parece ser una razón suficiente para otorgarle una consideración y un tratamiento específicos. Tampoco que sea un sector que vive en y de la innovación, ni que quienes trabajan en él sean profesionales del conocimiento, algo que ninguna sociedad puede improvisar. En realidad, el manejo del sector sanitario tanto en el gobierno central como en las comunidades autónomas no dista mucho del que se da a cualquier negociado de multas. Sigo a la espera de alguna propuesta política para la modernización del sistema de salud.

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