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Asamblea de la OMC: «el médico debe atender a todos, independientemente de su situación legal»

Ante las diferentes hipótesis barajadas en el desarrollo y aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 en lo referente a la atención sanitaria a personas en situación irregular, la Organización Médica Colegial ha elaborado una declaración, aprobada hoy en Asamblea General, en la que manifiesta que «el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal» y expresa su confianza en que las Administraciones sanitarias respeten el deber deontológico del médico de atender a todos los pacientes, entre ellos, los inmigrantes en situación irregular.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del director general de Farmacia, Agustín Rivero, que ha asistido a esta Asamblea General como invitado, ha manifestado que siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en sus deberes deontológicos.

La Asamblea Extraordinaria de la OMC, celebrada este fin de semana en Madrid, en la que han participado los presidentes de los 52 colegios médicos de España, ha consensuado una declaración con la que pretende ofrecer «orientaciones deontológicas ajustadas al marco deontológico de la profesión médica» y «aclaraciones a las interpretaciones que esta norma ha producido en distintos ámbitos sociales, políticos y sanitarios».

La OMC afirma que «ve con preocupación la promulgación de normas legales y reglamentos que, según como se entiendan y se apliquen podrían generar problemas de desatención sanitaria entre el colectivo de inmigrantes que no tengan regularizada su situación».

Tras señalar que entre los profesionales sanitarios se están planteando medidas de diferente tipo para hacer frente a esta situación –desde la objeción de conciencia, la desobediencia civil o la insumisión-, respuestas, que según la OMC, «no se pueden confundir en ningún caso», la corporación hace un análisis deontológico ante la retirada de la asistencia sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia, quienes, a partir del 1 de septiembre, solo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en caso de urgencia, embarazo y parto o si son menores de edad.

En su análisis deontológico, la declaración de la OMC plantea la cuestión desde el ámbito de la ética profesional, propio de la corporación, y formula consideraciones desde el ámbito de la atención de urgencia, desde la continuidad asistencial, desde la objeción de conciencia y desde el ámbito de la desobediencia civil.

Desde el ámbito de la atención de urgencia, la OMC alude al deber de «todo médico, cualquiera que sea su especialidad o la modalidad de su ejercicio» de prestar ayuda, según se recoge en el artículo 6.1 del Código de Deontología Médica.

En cuanto a la continuidad asistencial, preservada en el propio Código en su art. 11, la declaración expresa que «si se llegará producir una interrupción de la asistencia a un paciente por razones ajenas a su voluntad como puede ser un cambio normativo, el médico no puede interrumpir sin más la atención del paciente, sino que debería velar por ayudar, en la forma que sea adecuada, a la continuidad asistencial cuando esta sea precisa».

En el ámbito de la objeción de conciencia, la OMC analiza el supuesto de si, por aplicación de la norma, cabría plantearse si es viable acogerse a este derecho. Tras señalar lo que estable los artículos 32.1, 33.3 y 35 sobre objeción de conciencia y lo que de estos se deriva, asegura que «no procedería la objeción de conciencia si las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en su respectivo ámbito competencial, garantizasen, con las medidas organizativas apropiadas, aquella asistencia que resulte adecuada para estos supuestos especiales».

En cuando a la consideración de desobediencia civil o insumisión, como «oposición activa y frontal a una Ley que se considera injusta y a la que se desafía con la intención de derogarla, aceptando las consecuencias de la represión e, incluso, provocándola», la declaración considera que «este tipo de medidas escapa a las finalidades que la OMC ha de satisfacer como corporación de derecho público, en el ejercicio de sus propias potestades públicas».

En su reflexión final, la declaración de la OMC asegura que «es consciente de que la autoridad sanitaria ha de hacer frente a una situación extraordinariamente compleja, de ajustes económicos que obligan a extremar las medidas con el fin de hacer viable el SNS en beneficio de todos los ciudadanos que lo sostienen con sus impuestos» y que es necesaria la adopción de reformas que «impulsen la suficiencia económica y la eficiencia en la gestión asistencial para evitar que se tengan que recortar prestaciones básicas a toda la población».

La OMC considera que sería «equivocado» retirar la asistencia sanitaria de a los inmigrantes en situación irregular; cree que es preciso «evaluar el impacto económico y socio sanitario de las medidas que se vayan a adoptar» y alerta de que «si las autoridades sanitarias no adoptan con urgencia medidas apropiadas, esto podría generar una distorsión asistencial que, sin duda, va a repercutir en el resto de la población, especialmente, en los servicios de urgencia».

La OMC considera que el Gobierno de España «debe ofrecer soluciones que eviten a los sanitarios españoles un dilema entre la norma y los postulados deontológicos, sin que ello signifique desconocer los efectos económicos que habrán de encontrar solución en la correspondiente vía administrativa». En este escenario, asegura que «tienen cabida las medidas anunciadas de facturación a los países de origen», pero «sin que retire la asistencia sanitaria a aquellas persona que la precisen, especialmente, los enfermos crónicos».

Tras consideras «que no es cuestión médica cómo se regule los trámites administrativos; esto es algo que debe determinar el Gobierno Central en colaboración con las CC.AA», la OMC afirma que «el médico, en todo momento, debe atender a todos, independientemente de su situación legal».

En este objetivo, ofrece a las autoridades sanitarias la «leal colaboración de los profesionales» y reclama que «se respeten nuestras actuaciones basadas en el cumplimiento de los deberes deontológicos de atención urgente, estado de necesidad o requerimientos de continuidad asistencial».

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