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Manel Esteller, director del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), profesor investigador ICREA y profesor de Genética de la Universidad de Barcelona, ha sido nombrado editor asociado de The Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

La revista publica estudios originales revisados de todo el mundo y es reconocida internacionalmente como la fuente de información más actualizada de un campo tan cambiante como la investigación del cáncer y su tratamiento desde 1940.

Durante los últimos años, la JNCI ha sido clasificada como una de las revistas más citadas de investigación del cáncer por el Instituto de Información Científica (ISI) en su informe anual de citaciones (JCR) con un factor de impacto actual de 13,757.

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–¿Cuáles son las principales deficiencias de la gestión administrativa clásica de la sanidad que conducen a buscar modelos alternativos?

–La primera es una excesiva burocratización. Hay excesivas normas que dificultan el funcionamiento de los centros y esto afecta a ámbitos de personal, en el que predomina el modelo de personal estatutario y que ha demostrado tener dificultades para gestionarlo. En segundo lugar, existen enormes limitaciones en cuanto a contratación y adquisición de bienes y servicios. En tercer lugar, son estructuras que tienen grandes dificultades para adaptarse a nuevas realidades. Tenemos el mismo modelo de funcionamiento que en el franquismo. La base de nuestra administración pública ha cambiado muy poco, mientras que los progresos que se han obtenido en sanidad no han sido fruto de la evolución del sistema de administración sino del mayor conocimiento y capacidad de los profesionales para incorporar a su libre albedrío las innovaciones y nuevas tecnologías. Es un sistema que defiende muy bien la legalidad vigente, pero no está pensado para ser eficiente.

–¿En qué situación se encuentra la sanidad en los países de nuestro entorno?

–La sanidad está atravesando un momento complicado en toda Europa, aunque quizás no tanto como en España. El problema mayor y común a todos los países europeos es, en primer lugar, que el coste de los sistemas sanitarios ha ido creciendo sistemáticamente en los últimos 20 años por encima del crecimiento de la economía, por lo cual, se llega a un punto en que es complicado mantener los servicios existentes en todos los países. En segundo lugar, si a las dificultades económicas añadimos una población envejecida, un predominio de enfermedades crónicas y unas expectativas muy altas de la ciudadanía, el conjunto es una bomba de relojería. Nadie se plantea actualmente una sanidad como la que tenemos en España, en la que el funcionamiento no dista de cualquier otra actividad que se haga en cualquier otro ministerio, y donde a los profesionales se les aplica un régimen laboral que en su momento fue seguramente pensado para inspectores de Hacienda o funcionarios de la administración central del Estado, pero que encaja muy mal con profesionales cuya preocupación es estar permanentemente actualizados y que aspiran a que se les reconozcan distintas atribuciones y capacidades.

–¿Qué opina de la situación que ha conducido a las movilizaciones en Madrid?

–Muchas transformaciones que se plantean del sistema sanitario se plantean condicionadas por una realidad del momento, pero no porque exista una idea de mejorar el modelo en sí mismo. En principio, lo público y lo privado no es ni bueno ni malo. Que privaticen los hospitales públicos no sirve de gran cosa si van a seguir sujetos a la discrecionalidad de los poderes públicos, si no se va a respetar su identidad, su autonomía de gestión, si los profesionales no van a tener peso en la gestión...

–¿A qué obedece la resistencia de buena parte de los profesionales a todos estos cambios?

–Pienso que se trata de una resistencia a las modificaciones de las condiciones laborales. La sanidad en España cuesta poco, teniendo en cuenta que hay muchos profesionales trabajando y que el salario es bajo. No obstante, predomina una mentalidad de trabajador asalariado. Es curioso porque los profesionales necesitan autonomía para decidir libremente qué es lo mejor para su paciente. En la medida que adquiere peso el ser asalariado entra en discusión si la organización para la que trabaja puede decidir lo que puede y lo que no puede hacer el profesional, lo cual genera una tensión importante. En el sistema sanitario público español los profesionales tienen un gran margen de maniobra, pero cuando vienen los recortes y les limitan el campo de acción, los profesionales se rebelan, y más si se les reduce el salario y se les quitan pagas extraordinarias. No creo que los profesionales expresen un rechazo a las reformas, sino a una situación de conjunto en la que se sienten poco valorados y apreciados.

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Los profesionales de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid llevan semanas protestando en contra de los planes de transferir la gestión de varios hospitales y centros de salud a entidades privadas. No es el único motivo de las movilizaciones, ya que se añaden los recortes presupuestarios, de plantillas, la desaparición de la paga extra de Navidad, el copago de un euro por receta, el copago por el traslado en ambulancia para enfermos crónicos o la transformación de un hospital emblemático como La Princesa en centro destinado a atender a población geriátrica

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