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El 25% de los reclusos tienen problemas de salud mental y el 8% son graves

  • 27 Septiembre 2018

En el Estado solo se dispone de tres recursos para atender a las personas reclusas con problemas mentales: los dos hospitales penitenciarios de Sevilla y Foncalent (Alicante), y la Unidad de Psiquiatría Legal de Aita Menni (Arrasate-Gipuzkoa).

En España aproximadamente hay unas 60.000 personas reclusas en Instituciones Penitenciarias y el 25% tiene algún problema relacionado con su salud mental. Del total de la población reclusa, se estima que entre un 7-8% padece problemas mentales de carácter grave, y en torno al 35-45% padecen cuadros depresivos y/o tienen alguna relación con consumo de tóxicos. Esta situación ha sido descrita por el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo Barba y el presidente del Comité Organizador del Congreso, Iñaki Madariaga, responsable de la Unidad de Psiquiatría Legal del Hospital Aita Menni de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), durante la rueda de prensa de presentación del XXVII Congreso Nacional de esta sociedad científica.

Calcedo y Madariaga han afirmado que las personas que sufren enfermedades mentales “no deben estar en la cárcel porque no es el lugar idóneo para su total curación, evolución y desarrollo” y por ello han reclamado “la puesta en marcha de unidades específicas para el tratamiento de estas personas, que representan el 25% de la población reclusa, de los que hasta un 8% tienen problemas mentales de carácter grave”. “A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo y de Europa, en España las Instituciones Penitenciarias adolecen de espacios y personal específico que pueda atender a este tipo de población”, subrayan.

“Cuando hablamos de enfermedades mentales graves estamos hablando de enfermos mentales que, independientemente del diagnóstico, tienen trastornos graves del comportamiento, trastornos graves de los impulsos, desorganización de los pensamientos y conducta que justifican el acto delictivo que han cometido”, han señalado los especialistas.

Detallan que “si hablamos de diagnóstico, la psicosis con esquizofrenia es la patología que más prevalencia tiene en esta población. Pero también otro tipo de cuadros como los trastornos bipolares o de personalidad. Este tipo de pacientes suelen tener asociado un consumo de tóxicos asociado que agudiza e intensifica esta situación”, señalan.

Por todo ello, han considerado “urgente, dada la dimensión social, sanitaria y judicial de esta situación, la puesta en marcha de unidades específicas”. En este sentido, han explicado el caso la Unidad de Psiquiatría Legal en un hospital psiquiátrico, como es el caso de Aita Menni. El Hospital Aita Menni de Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) puso en 2013 en funcionamiento esta pionera Unidad Psiquiátrica de España para atender a pacientes enfermos mentales que se hallan implicados en procesos judiciales como consecuencia de actuaciones delictivas de su propia enfermedad psiquiátrica. Los pacientes reciben tratamiento psiquiátrico en medio en un entorno hospitalario y bajo estrictas medidas de seguridad.

“En España disponemos solo de tres recursos para atender a las personas reclusas con problemas mentales: los dos hospitales penitenciarios Sevilla y Foncalent, y la Unidad de Aita Menni, por lo que es vital importancia el desarrollo de más unidades”, han aseverado.

Así mismo, han explicado que “estas unidades básicamente van dirigidas a atender a enfermos mentales graves que, como consecuencia de su enfermedad mental, se han visto implicados en actos directivos y que desde la instancia judicial correspondiente se ha estimado que esa persona no es responsable de su acto delictivo por tener una enfermedad mental grave. Ello no quita que no haya que aplicarle a esta persona medidas de seguridad en un entorno sanitario adecuado acorde con sus necesidades”.

En este contexto, también han reclamado la necesidad de “incrementar las medidas de seguridad en las Instituciones Penitenciaras para evitar conductas agresivas y la fuga de pacientes”. “Esto se consigue con unas instalaciones adecuadas y garantes de seguridad y la presencia del personal asistencial experimentado que debe estar perfectamente cualificado, preparado y habituado a trabajar con personas de estas características”, han concluido.

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